Tras el Decreto N° 3442 y las medidas para asegurar su cumplimiento, el
Poder Ejecutivo anunció un paquete económico destinado a hacer frente a la
emergencia sanitaria nacional y a la alerta global. Uno de los cambios
presupuestarios anunciado por aquel sería la reasignación de royaltíes, pago
que hace Itaipú al Estado Paraguayo (y Brasil) por el uso de la potencia de la
hidroeléctrica, distribuido porcentualmente por ley y transferido a las Municipalidades.
La decisión del Poder Ejecutivo sobre la reasignación de los recursos
financieros que comportan los royaltíes, habrá sido el resultado de un estudio
técnico sobre el impacto y la proyección de tal modificación presupuestaria en
las entidades a las que se pretende sustraer esas partidas, que son las Municipalidades,
así como a la que se los planea destinar, Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social.
El Poder Ejecutivo, tal vez, partió de la pregunta ¿Cuál o cuáles son
los recursos financieros de los cuáles el Gobierno Central puede disponer
inmediatamente? La respuesta entonces: los royaltíes. Seguidamente, el
silogismo: 1. Los royaltíes son los recursos que se reasignarán a la función
salud cuya ejecución es responsabilidad del Estado; 2. Las Municipalidades
administran los royaltíes, y acaba, 3. Los royaltíes se sustraen de las
Municipalidades (al parecer, la mitad).
Al respecto, la Asociación de Intendentes del Departamento de Paraguarí
se pronunció en disconformidad con el uso de fondos de royaltíes y señaló que
el Poder Ejecutivo puede utilizar los recursos del Fondo para la Excelencia de
la Educación y la Investigación (FEEI) que tiene, señala, 400 millones de
dólares (https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/03/21).
Sin embargo, en la idea que ya el Poder Ejecutivo escogió que la reasignación
necesaria sea de royaltíes, volviendo al silogismo, hay dos elementos
gravitantes que, consideramos, están ausentes: 2.1. Las Municipalidades tienen
competencia en materia de salud, con alcance constitucional (art. 168) y en la
Ley Orgánica Municipal (art. 12). Claro está, a desempeñar en coordinación con
el ente rector que es el Ministerio de Salud Pública y Acción Social; y 2.2.
Las Municipalidades tienen autarquía presupuestaria que las dota de absoluta
legalidad y capacidad para administrar los royaltíes.
La decisión del Poder Ejecutivo tiene por telón de fondo la
descentralización, mandato constitucional y cimiento de nuestro modelo de
Estado, y por otro lado la garantía de la Autonomía Municipal, que incluye la
participación de las Municipalidades en asuntos que afecten su autarquía y, en
particular, la protección de sus recursos económicos (art. 170, Constitución).
Así las cosas, sería posible que el planteo del Poder Ejecutivo,
consista en establecer que las Municipalidades lleven adelante los proyectos de
prevención y asistencia a los casos de pandemia conavid19, administrando, ellas
mismas, los recursos de royaltíes para la función de salud (personal, equipamientos,
enseres, insumos, adecuaciones), siguiendo el arquetipo normativo de rendición
de cuentas que la ley ya posee para otras transferencias o compensaciones que se
hacen a los municipios. Ello sí sería tendiente a asegurar que la respuesta al
problema de la emergencia sea eficaz y eficiente, porque es territorial.
